Público o privado, el alcalde da seis meses a la Junta para el futuro del Centro La Pólvora
El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha dado seis meses a la Junta de Andalucía para decidir el futuro del Centro de La Pólvora. Si en ese plazo la Administración autonómica no asume el edificio y lo incorpora a la oferta pública de Formación Profesional, el Ayuntamiento iniciará su licitación para que pueda ser gestionado por un centro privado. La fecha que maneja el Gobierno municipal para la adjudicación es marzo de 2027.
Ruiz Boix ha endurecido así su posición ante una situación que, según ha denunciado, se prolonga desde hace más de cuatro años. El edificio, construido con una inversión municipal de más de 1,2 millones de euros, permanece sin el uso educativo para el que fue concebido. El alcalde sostiene que San Roque ha cumplido con su parte y reclama ahora a la Junta que decida si quiere incorporar el inmueble a la red pública de FP.
“Después de cuatro años de espera de un edificio que se va deteriorando del escaso uso, nos vemos obligados a esa licitación privada”, ha señalado Ruiz Boix, que ha presentado la decisión como una consecuencia de la falta de respuesta de la Administración autonómica.
La eventual gestión privada tendrá la particularidad de que, ya que el Consistorio no quiere obtener un beneficio económico de la explotación del inmueble, y dado que la legislación obliga a establecer un canon en la licitación, el alcalde plantea que ese canon se traduzca en matrículas gratuitas para alumnos de familias con menos recursos.
El proyecto municipal nació con la intención de convertir La Pólvora en una extensión del IES Carlos Castilla del Pino, de manera que pudiera ampliar su oferta de Formación Profesional. La propuesta contemplaba hasta seis ciclos formativos, uno de grado básico, tres de grado medio y dos de grado superior, relacionados con perfiles profesionales vinculados al tejido industrial de San Roque: calderería, soldadura, instrumentación y otras especialidades demandadas por las empresas del municipio.
El alcalde ha defendido que la elección de estas enseñanzas no fue arbitraria, sino que respondió al trabajo realizado con la comunidad educativa y al análisis de las necesidades de las industrias asentadas en el municipio. Entre ellas ha citado las nuevas actividades empresariales relacionadas con el sector industrial, el hidrógeno verde y la actividad offshore.
La reclamación de Ruiz Boix se dirige directamente al Gobierno andaluz y, en particular, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que acusa de mantener bloqueada la incorporación del centro a la red pública. El regidor ha asegurado que la propuesta ha sido trasladada a distintos responsables de la Administración autonómica a lo largo de los últimos años.
El alcalde ha recordado además que el edificio terminó de construirse en febrero de 2022 y que uno de los argumentos utilizados inicialmente para no recepcionarlo fue un problema constructivo que requería una actuación de apenas 600 euros. Ese defecto fue finalmente corregido en 2023, pero desde entonces, ha lamentado, el inmueble continúa sin albergar la oferta de FP prevista.
“Desde el 2023 hasta hoy, son cuatro años sin que se sume oferta pública de ciclos formativos”, ha denunciado Ruiz Boix, que considera especialmente difícil de entender la situación en un municipio con una importante concentración industrial y con empresas que necesitan perfiles profesionales especializados.
La novedad de las declaraciones del alcalde es que el Ayuntamiento no esperará indefinidamente a una respuesta de la Junta. El Gobierno municipal comenzará a preparar una licitación que permitirá que un operador privado pueda utilizar el edificio para impartir formación.
El procedimiento requiere la redacción de los pliegos técnicos y jurídicos, su publicación y el estudio de las ofertas. Todo ese proceso, según las previsiones trasladadas por Ruiz Boix, desembocaría en una adjudicación en marzo de 2027.
Pero el alcalde ha establecido una condición: la Junta tendrá seis meses, y el plazo será “improrrogable”, para asumir el edificio. Si antes de la adjudicación la Administración autonómica decide recepcionarlo y comprometerse con una oferta pública de Formación Profesional, el proceso de privatización quedaría aplazado.
“Espero que la Junta de Andalucía reflexione, espero que Moreno Bonilla reflexione”, ha afirmado Ruiz Boix, que ha reclamado a la actual responsable autonómica de Educación que conozca la propuesta y valore la posibilidad de incorporar La Pólvora a la red pública.
El Ayuntamiento estaría dispuesto, ha explicado, a que el centro funcionase como una ampliación del Carlos Castilla del Pino —una opción que permitiría compartir dirección y parte de la estructura docente— o como un instituto independiente. Lo que el alcalde considera inaplazable es que el edificio tenga finalmente una utilización educativa.
La eventual gestión privada tendrá, sin embargo, una particularidad. El Consistorio no pretende obtener un beneficio económico de la explotación del inmueble, según ha asegurado Ruiz Boix, aunque la legislación obliga a establecer un canon en la licitación.
El alcalde ha planteado que ese canon, en lugar de convertirse simplemente en un ingreso para las arcas municipales, pueda traducirse en matrículas gratuitas para alumnos de familias con menos recursos.
La propuesta contempla utilizar el importe que finalmente se establezca, entre 60.000 y 80.000 euros anuales, para financiar los estudios de jóvenes sanroqueños con dificultades económicas. El objetivo sería que el canon se transforme en becas o bonos de matrícula para estudiantes derivados de los servicios sociales municipales.
El regidor ha situado el coste medio de un ciclo de grado medio en torno a los 5.000 euros y el de un grado superior alrededor de los 8.000, por lo que, en función del canon definitivo, el mecanismo podría permitir financiar los estudios de más de una docena de alumnos cada curso.
El planteamiento encierra así una paradoja que Ruiz Boix ha querido poner de manifiesto: un edificio construido con dinero público para albergar formación pública podría terminar acogiendo enseñanza privada por falta de interés de la Junta, pero el Ayuntamiento pretende que los ingresos derivados de esa fórmula reviertan igualmente en los jóvenes del municipio.
“El Ayuntamiento de San Roque quería ceder gratuitamente este edificio para una oferta pública; desgraciadamente nos vemos obligados, empujados por Moreno Bonilla, a una oferta privada”, ha afirmado el alcalde.
Ruiz Boix ha insistido en que el Ayuntamiento carece de competencias para impartir enseñanzas regladas con titulación oficial y que su margen de actuación en materia educativa se limita a la cooperación mediante becas, actividades extraescolares y otros programas municipales.
Por eso, el alcalde tiene la fecha de referencia de seis meses para que la Junta decida si quiere convertir La Pólvora en un centro público de Formación Profesional. Si no lo hace, San Roque avanzará hacia una solución privada para evitar que una inversión de más de un millón de euros continúe infrautilizada.